Desde el año 2023, con la llegada de Dina Boluarte al gobierno, se consolidó una nueva etapa de alianzas políticas entre diversos sectores conservadores, encabezados por Perú Libre y Fuerza Popular, y acompañados por agrupaciones como Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú. Esta coalición ha asumido un papel protagónico en el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática del país y en la captura de los principales espacios de decisión del Estado. A ello se suma un elemento preocupante: integrantes de varias de estas agrupaciones políticas enfrentan denuncias, investigaciones o procesos judiciales por corrupción, configurando un escenario en el que el poder político se convierte también en un mecanismo de protección y blindaje.

El desmantelamiento de las instituciones públicas y la modificación de más de cincuenta artículos de la Constitución han respondido a una lógica orientada a favorecer intereses particulares y a consolidar un proyecto político de largo alcance, especialmente impulsado por el fujimorismo. Lo que diversos sectores han denominado el “pacto mafioso” se ha traducido en una acelerada aprobación de normas que benefician a grupos de poder y debilitan los mecanismos de control democrático, propiciando además un estrechamiento del espacio cívico y limitando la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y de los movimientos sociales. La corrupción se ha convertido no solo en una práctica tolerada, sino en un mecanismo de protección mutua entre quienes hoy concentran el poder.

Entre estas normas destacan las denominadas “leyes procrimen”, cuyos efectos ya son visibles en la vida cotidiana de la población. Estas dificultan la lucha contra el crimen organizado, fortalecen las mafias transnacionales y a las redes de corrupción de cuello y corbata, y generan una creciente sensación de inseguridad y pérdida de libertades para la ciudadanía. A ello se suman las leyes “antigenero”, que afectan los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades, y un bloque de normas “antiambientales” que debilitan la protección de los bienes comunes y ponen en riesgo los derechos de la naturaleza.

Otro componente central de este proceso ha sido la reforma del sistema electoral y el control de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia democrática. Se han promovido cambios que han permitido ejercer influencia sobre organismos como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Todo ello configura un escenario favorable para desarrollar procesos electorales bajo reglas diseñadas para beneficiar a determinados sectores políticos.

A esto se suma la fragmentación del sistema de partidos. La dispersión de las fuerzas políticas, que ha dado lugar a la existencia de 39 partidos, ha terminado favoreciendo a los que tienen capacidad de control territorial, siendo el fujimorismo uno de los principales beneficiados. Esta situación se agrava con la aprobación de la bicameralidad en condiciones ampliamente cuestionadas por la ciudadanía, otorgando a un reducido grupo de personas la capacidad de concentrar las grandes decisiones del país, desoyendo la voluntad popular y fortaleciendo una lógica de concentración del poder.

Más allá de los resultados electorales inmediatos, la principal preocupación radica en el escenario que se abre hacia el futuro. Como señala el historiador Antonio Zapata, a diferencia de Alberto Fujimori, quien recurrió a un golpe de Estado para capturar las instituciones públicas, hoy asistimos a un proceso más sofisticado y minucioso de apropiación de las instituciones democráticas. Mediante el uso de mecanismos electorales y legales, se ha construido el camino para consolidar un proyecto autoritario bajo la apariencia de la democracia.

En este contexto, las mujeres atravesamos un momento particularmente crítico. Muchas de las personas que han promovido el debilitamiento de la arquitectura de género, construida durante décadas de lucha del movimiento feminista, hoy ocupan espacios de poder en el Parlamento y el Senado. Los ataques a las políticas de igualdad, que ya comenzaron en el actual Congreso, podrían profundizarse en los próximos años. Permanecen bajo amenaza diversas normas vinculadas a la lucha contra el feminicidio, la prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres, la participación política paritaria y la alternancia. Asimismo, la Ley APCI genera una profunda preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, al colocar en una situación de vulnerabilidad a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, diversidades y la protección de los bienes de la naturaleza. Todo ello nos sitúa en una etapa de creciente desprotección y retroceso democrático.

Frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer la unidad entre el movimiento feminista, el movimiento social de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias comprometidas con la defensa de los derechos y otros actores democráticos. Solo mediante la articulación y la construcción de alianzas amplias será posible enfrentar el avance de los fundamentalismos políticos, económicos y religiosos que hoy cuentan con una importante capacidad de decisión y que podrían profundizar estos retrocesos en los próximos años.

Una de las grandes lecciones que deja este proceso electoral es la necesidad de identificar con claridad los proyectos políticos que representan una amenaza para la democracia y los derechos. A pesar de los altos niveles de desaprobación que alcanzó el Congreso, gran parte de la ciudadanía no logró dimensionar el alcance de las transformaciones institucionales que se venían implementando ni los riesgos que estas implicaban.

También es necesario reflexionar sobre el trabajo político que se realiza con las mujeres de los sectores populares, incluyendo a las mujeres de los comedores populares y las ollas comunes. Las prácticas clientelares que caracterizaron la década de los noventa vuelven a aparecer como una estrategia política para asegurar respaldo social. A pesar de los esfuerzos sostenidos en materia de empoderamiento y fortalecimiento de liderazgos, persisten enormes desafíos para que las mujeres puedan relacionar sus condiciones de vida con las decisiones políticas y legislativas que afectan directamente sus derechos.

Esto nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales: ¿qué proyecto democrático puede ser defendido mayoritariamente por la población? ¿Cómo construir una democracia que las personas sientan propia, cercana y capaz de responder a sus necesidades cotidianas sin sacrificar sus derechos y libertades?

Paradójicamente, son las mujeres de los sectores populares quienes podrían verse más afectadas por el debilitamiento de las políticas públicas relacionadas con la educación, la alimentación, el trabajo y la protección social. No serán las falsas amenazas del “comunismo”, construidas durante las campañas electorales, las que profundicen su vulnerabilidad, sino las decisiones políticas que incrementen las desigualdades y desmantelen los derechos conquistados durante décadas de lucha.

Las mujeres no podemos seguir siendo utilizadas como instrumentos electorales ni como receptoras pasivas de prácticas clientelares. Es momento de fortalecer nuestra autonomía política, defender nuestros derechos y ejercer un voto consciente e informado, entendiendo que la democracia también se construye desde la participación activa, la capacidad de organización colectiva. Los próximos años exigirán no solo capacidad de resistencia, sino también la construcción de propuestas colectivas que permitan defender la democracia, recuperar las instituciones públicas y garantizar que los derechos conquistados por las mujeres y los pueblos no sean desmantelados. Asimismo, nos exigirán imaginar y construir nuevas formas de hacer política, capaces de devolverle sentido a la democracia y de colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, la igualdad y la justicia social.

Por. Denisse Chávez. Feminista – Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático