Una de las metas para lograr un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza es reducir los Índices de Desigualdad de Género (IDG). Esta información es vital para crear políticas públicas desde el estado. La equidad de género es un derecho fundamental, para erradicar la violencia, los feminicidios y trata de personas, la sobrecarga del trabajo no renumerado de las mujeres.
Es lamentable que, en el Perú, el índice de la Igualdad de género hasta el año 2021 era 0.360 y en el 2024 reduce al 0.319, según el informe del Instituto de Estadística e Informática INEI, aunque se ve algunos puntos de descenso, esto no dimensiona el real retroceso y abandono del Estado en materia de los Derechos Humanos, Dignidad humana hacia las mujeres, personas vulnerables, adolescentes y niñas. Así vemos al analizar las variables de Educación, salud reproductiva, mercado laboral y empoderamiento, y acceso a la educación.
Este quinquenio, ha sido el peor gobierno porque muchas leyes que promovía la igualdad han sido derogadas, tales como la Ley 31498, veto al material educativo de ESI, una prohibición que pone en vulnerabilidad a las niñas y adolescente. La Ley 32003 de la eliminación del Lenguaje Inclusivo, que invisibiliza a las mujeres y diversidad. Afirmar la visibilidad de las identidades de género es un derecho a vivir sin miedo, ocupar espacios y que sean reconocidos sus derechos. La Ley 32435 de la eliminación de ESI que deja más vulnerables a las niñas, personas vulnerables y tercera edad, Ley 31935 y 3200 ley que amenaza al aborto terapéutico y la Ley 32301, Ley anti ONG que restringe el derecho a la defensa ante un Gobierno perpetrador, fascista. Aun está en debate de las fuerzas del carentes de ética, solidaridad, sentido comunitario al eliminar el Ley 10342 de la Eliminación del Feminicidio. Muchas de estas derogatorias han sido promovidas por sectores religiosos fundamentalistas.
El acceso a la Justicia de Género es un derecho fundamental, para garantizar la igualdad- En esta contienda electoral al distorsionar al enfoque de género (análisis) con ideología de género (político), se confunde las comprensiones de construcciones socioculturales con la biología. Los defensores de la ideología de género perpetúan los roles familiares tradicionales, y los estereotipos de género como si fueran designios divinos, le niega el reconocimiento de las identidades sexuales.
Un voto de conciencia de género exige transformar todas las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Es promover una democracia real y optar por un desarrollo sostenible donde las mujeres, las niñas y las disidencias sean respetados en sus derechos, vivan es espacios seguros, sin miedo a sufrir violencia. Que tengan igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos y asumir sus deberes. Y que sea autónomas en la toma de sus decisiones, respete las diferencias y velar por el cuidado de sí mismas
Las políticas públicas de género van más allá de los dictámenes religiosos dogmáticos, conservadores que fosilizan las identidades. Los fundamentalismos religiosos es una amenaza a la democracia, porque no permite la libertad de expresión, de conciencia y la disidencia. La democracia como conjunto de valores, con sus procesos e instituciones posibilitan una vida de respeto a las diferencias con igualdad, tolerancia, empatía, solidaridad y alteridad. Es urgente defender las leyes que promuevan la Justicia de género porque sólo así enfrentamos los siglos de exclusión histórica a los sujetos. Una democracia real exige igualdad política, paridad social y la superación de brechas de desigualdad.
Desde un enfoque teológico feminista la igualdad es un principio de justicia liberadora, porque conecta la fe con la democracia, al momento de cuestionar las estructuras de poder jerárquicas y promover relaciones más horizontales, de autonomía y participación plena de las mujeres, tanto en el ámbito privado, las iglesias, como en la esfera pública, basándose en la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos, que son esenciales para la fe y la política en cuanto a derechos civiles, sociales, políticos culturales y económicos.
Por. Luzmila Quezada Barreto. Teóloga Feminista, AETE / Proceso Kairós Perú.