Aunque no haya tenido oportunidad de leerlo en la Constitución Política del Perú, es posible que usted esté absolutamente convencido que tiene el derecho de defensa, y que nadie se lo puede quitar sea cual fuere la falta o delito que se le atribuya.

Quizás lo sabe o intuye por haberlo visto en series y películas norteamericanas, particularmente policiales, donde casi siempre se aprecia la detención de personas a quienes se les informa de memoria sus derechos entre los cuales se menciona a ser asistido por un abogado que puede estar presente cuando se le interrogue y que, si no lo tuviera, el Estado tiene la obligación de asignarle uno de oficio.

Sea que se cumpla o no con ese procedimiento, el derecho existe, y en nuestra Constitución está consignado en el inciso 14 del artículo 139, cuando dice: “… de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso…”.

Es así tratándose de personas a las que se les imputa una infracción, y lo es también -podría decirse, con mayor razón- cuando se trata de víctimas a quienes se les debe, además de una reparación efectiva e integral por los daños infligidos, una plena tutela jurisdiccional de sus derechos, materiales o sustantivos, “lo que importa, obviamente, (1) el derecho a la verdad —a conocer lo que en efecto ocurrió y tener legitimidad para instarlo y reclamar por su efectiva concreción—, (2) el derecho a la justicia —es decir, derecho a que no haya impunidad, en tanto el Estado tiene la obligación constitucional de respeto y garantía plena de los derechos humanos— y (3) el derecho a la reparación integral” [Acuerdo Plenario 4-2019/CIJ-116].

Con la promulgación de la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que se ha hecho es vulnerar el derecho a la defensa y al acceso a la justicia, además de otros derechos, so pretexto de contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos de la cooperación técnica internacional, ignorando que ya existen diversas instituciones del Estado que lo hacen regularmente.

Según la ley publicada hoy en “El Peruano”, también denominada ley anti-justicia o ley anti ONGs, constituye infracción “muy grave”, y sujeta a drásticas sanciones, hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional, entendiendo como uso indebido la utilización de los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano.

El objetivo es claro y, por si alguien tuviera alguna duda, lo refrendó la presidenta Boluarte en la ceremonia donde ella y sus aliados celebraron la malhadada ley, al decir que se pondrá “bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema”, refiriéndose, obviamente, a las organizaciones de derechos humanos, las cuales asesoran, asisten, defienden, precisamente, a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Hace rato que Boluarte ha identificado a las instituciones de derechos humanos como sus enemigas y, junto a un Congreso que legisla para favorecer la impunidad, las ataca estigmatizándolas, atribuyéndolos propósitos que son los suyos, y montando toda una maquinaria para acosarlas y eliminarlas.

Hace rato que Boluarte, jugando en pared con sus aliados en el Congreso, legisla a favor del crimen, porque ella misma debe rendir cuentas por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre diciembre 2022 y febrero 2023, y así como no dudó en referirse a las víctimas de la represión en ese contexto como “terroristas”, “delincuentes” o “vándalos”, ahora acusa a sus abogados, y a las organizaciones que les patrocinan, de desestabilizar el país y promover la división para avanzar su propia agenda ideológica.

Si hay una agenda ideológica que se promueve desde las ONG que odia la presidenta, no es otra que la defensa firme e irrestricta de los derechos humanos y, apelando a los principios, normas y convenios internacionales que la sustentan, seguirán en el esfuerzo de salvaguardar los derechos de todas las personas, impidiendo que queden en la indefensión, y convencidos que algún día veremos a Dina Boluarte detenida, y a un policía, juez o fiscal recitándole sus derechos.