El pasado 6 de diciembre se presentó el proyecto de ley 6588, que propone el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad”. La iniciativa corresponde a la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular), quien con esta propuesta pretende hacer más visibles a los grupos vulnerables que considera vienen siendo desatendidos por el sector.¹  La congresista Jáuregui basa su propuesta en que la labor de las direcciones del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables no es percibida por la ciudadanía; y por ello resulta necesario poner a niños, ancianos y a la familia en el centro de las políticas públicas. Cabe decir que anteriormente se han presentado otras iniciativas legislativas con este mismo objetivo, las cuales han sido impulsadas por congresistas de la misma bancada parlamentaria. 

Frente a ello, diversas organizaciones, tales como movimientos feministas han manifestado su oposición. Es el caso del movimiento Manuela Ramos, quienes comentan como principales implicancias con este cambio de nombre “las políticas públicas direccionadas a la protección de los derechos de las mujeres pueden perder fuerza o se puede destinar un menor presupuesto a programas de ayuda y atención en casos de violencia como los Centros de Emergencia Mujer o el Programa Aurora”. 

Por su parte, Liz Meléndez, la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señala que “este proyecto de ley es una amenaza que viene desde hace mucho tiempo en diferentes momentos políticos, sobre todo cuando ha habido un avance de sectores más autoritarios o contrarios a los derechos de las mujeres. Se colocan con esta idea justamente de quitarle institucionalidad los derechos de las mujeres y centrar la protección en la familia, cuando se sabe que la discriminación estructural y la violencia que vivimos las mujeres no solamente se dan en entornos familiares, sino también en espacios públicos”. 

El cambio de nombre de esta institución representa un retroceso, puesto que se puede inferir que se pretende reafirmar los roles de la mujer a un ámbito familiar, privado y doméstico; y con ello reforzar la violencia doméstica y la desigualdad de género. Por otra parte, al colocar a la familia como centro de las políticas públicas nacionales reafirma la creencia de que la familia es el fin de todas y todos, y quienes no tienen una familia o no está dentro de sus objetivos de vida, no se considera una persona plenamente desarrollada. 

Así también no se debe olvidar que la violencia no solo se da dentro del núcleo familiar, sino también en otros espacios externos, y con este cambio se estaría desconociendo estas vulneraciones. 

Con esta iniciativa el Congreso contraviene las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, tales como la recomendación del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas (CEDAW), referida a garantizar la integridad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tanto en su nombre como en su mandato, con el fin de garantizar la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. 

Por: Nathaly Huapaya